Octubre 4, 2009
Hace 32 años, el cineasta Roman Polanski, tuvo sexo con una menor de 13 años. Admitió el hecho, que fue caratulado por la justicia como violación, y luego se fue del país para evitar completar la condena legal. Una parte importante del mundo artístico intenta hoy protegerlo y señala que existe una persecución política, pidiendo que se considere que la víctima solicitó la nulidad del caso.
Mientras tanto, días atrás, anunciaron que se denunciaría a Gabriel García Marquez para evitar que su obra “Memoria de mis putas tristes”, -en la cual un anciano se acuesta con una prostituta de 14 años- llegue al cine y se convierta así en un mensaje apológico de la pedofilia, de fácil llegada para la gente.
Ayer, la policía de Londres retiró del Museo Tate esta fotografía de Brooke Shield desnuda a los 10 años de edad, donde se la muestra demasiado sexy para su corta edad.
Más allá de la pregunta lógica, sobre si la foto puede ser Arte o pornografía infantil, queda el debate amplio sobre el derecho de los padres de exponer a sus hijos así, por intereses comerciales y por “hambre de fama”. En los tres casos mencionados, la publicidad de los protagonistas aparece condicionando cuestiones legales básicas, como el derecho a la niñez y la libertad de expresión.
¿Es delito hablar de prostitución infantil basándose en una película sobre sucesos ficcionados? ¿Vamos a prohibir todas las películas sobre asesinatos, secuestros o actividades repudiables para evitar influencias en la gente?
A veces parece que es más redituable y menos problemático sancionar la ficción que intentar corregir los problemas enfrentando la realidad. Sin ir más lejos, el hecho de que Polanski sea un veterano buen director, parece haber justificado para parte de su círculo, su defensa ante un típico delito sexual contra una menor, que quedó hasta hoy sin resolución.
Octubre 1, 2009
Hace un tiempo que no escribo aquí y en el medio, nada ha cambiado en la política nacional. Cristina Fernández sigue haciendo un gobierno pésimo y sus intentos manipulatorios parecen no tener límites. Si se aprueba la Ley de Medios en un contexto como este, Venezuela va a parecer un paraíso al lado nuestro. Censura institucional, impuestos tecnológicos, cero inversión en infraestructura digital, fútbol para todos y las prolongadas necesidades básicas irresueltas parecen ser la descripción perfecta del fracaso. Corrupción, chamullo, corrupción.
La posibilidad de crecer o decrecer es comparada con la sangre de la dictadura, sin medias tintas. ¿ Y qué hacen los medios? Se dividen otra vez las tajadas de un interés empresarial, mientras llenan de mierda nuestro nombre y se cagan en nuestros derechos. Hace rato que la información dejó de ser su servicio. Todo se ha convertido en una asquerosa campaña de publicidad y ni siquiera nos están pagando como extras.
Agosto 19, 2009
Se conoció hace instantes la sentencia sobre el Caso Cromañón, tragedia donde murieron 194 chicos el 30 de diciembre del 2004 y que planteó un cruce enorme de responsabilidades políticas, civiles y comerciales, incluyendo la destitución de Anibal Ibarra.
Trás 5 años de investigaciones y demostraciones públicas, el Tribunal Oral 24* le dio a Omar Chabán una condena a 20 años de prisión. Fue declarado culpable de estrago doloso seguido de muerte (incendio) y cohecho activo (pago de coimas). A su socio, Raúl Villareal, le otorgaron 1 año de cárcel en suspenso. Concretamente, fueron acusados de tener habilitado un local que no estaba en condiciones de ser usado y de bloquear las salidas de emergencia. Un boliche dispuesto para mil personas se convirtió, con esto, en el escenario de una tragedia iniciada por un fuego artificial donde tres mil jóvenes pudieron morir entre las llamas y la incoherencia provocada por la asfixia.
El manager de la banda Callejeros, Diego Argañaraz, recibió una condena de 18 años de prisión por ser encontrado ”coautor penalmente responsable de un delito doloso en calidad de participe necesario”. Excepto él, todos los demás integrantes de Callejeros fueron absueltos, provocando la bronca de los familiares de las víctimas y algunos destrozos en el recinto.
En el orden de los funcionarios, la ex subsecretaria de Control, Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández, recibieron penas de prisión e inhabilitación laboral. Por el momento, todos permanecerán libres hasta que actue la Cámara de Apelaciones, durante los primeros meses del año siguiente.
En ese transcurso, podrá verse si se producen o no modificaciones con respecto al rol ejercido por los miembros de la banda musical y si interviene la Corte Suprema de Justicia.
La fiscalía los había acusado de participar en la sobreventa de entradas y de incentivar el uso de pirotecnia en el público y con este fallo, su responsabilidad en las 194 muertes y en las lesiones de más de 1000 personas, acaba de quedar en la nada.
*Jueces Raúl Llanos, María Cecilia Maiza y Marcelo Alvero.
